Número 27 (diciembre 2013)

Los Pactos de la Moncloa y la generación del discurso del consenso como presión de la sociedad civil a la clase política (de junio a octubre de 1977). La opinión pública, los intelectuales y el diario El País

por Shingo Kato

 

Han pasado algo más de tres décadas desde la entrada en vigor de la Constitución actualmente vigente. La transición política española de los años 70 gradualmente va entrando en el dominio de la historia.

Durante los años transcurridos desde el evento se publicaron numerosos estudios sobre el mismo. Sin embargo, solo echar un vistazo no solo al entendimiento vulgar sino a la literatura politológica e historiográfica nos lleva a decir que todavía abundan los tópicos, el mayor de los cuales será la palabra "consenso" que se piensa que se logró entre varios actores tanto de origen franquista como de la oposición al régimen y que por ese consenso la transición fue modélica.

Frente a esa corriente mayoritaria, tanto académica como periodística o popular, puede destacarse una genealogía de los científicos que llegan, a mayor o menor grado, a unas conclusiones contrarias: en primer lugar, la palabra "consenso" es, más que una referencia a una realidad política que existía en aquella época, un lenguaje o discurso político que nació entonces; y, por ello, en segundo lugar, el "consenso" y el proceso de la transición se entiende mejor desde el punto de vista culturalista, mientras que los científicos de dicha aproximación comparten con los estudiosos mayoritarios la visión de que el resultado más referente del consenso es la Constitución.

En este estudio se emplea una aproximación culturalista, destacando la característica del consenso como discurso, no como una realidad política. En contra de la tendencia mayoritaria, insistimos en la importancia de los Pactos de la Moncloa. A diferencia de los estudios culturalistas que nos anteceden, que se focalizan en las revistas políticas, enfatizamos el papel de los periódicos, que también interpretamos como una vía por la que la sociedad civil apresuró a la clase política, lo cual contrasta a la premisa elitista mayoritaria y a los que destacan las elecciones y las movilizaciones populares.

Siguiendo los resultados de varias encuestas realizadas alrededor de las primeras elecciones democráticas en junio de 1977, se pone de relieve que la sociedad civil en la etapa de la transición exigió a la clase política que tomasen urgentemente medidas económicas contra la crisis económica que sufrían los españoles, más que la elaboración de una Constitución como solución a la otra crisis que es política y que demandaban los políticos como Felipe González, líder de la principal oposición. Los sondeos mencionados en este artículo son de las revistas Cuadernos para el diálogo, Cambio 16 y Comentarios sociológicos. Estructura social de España.

Esta exigencia de "las clases acomodadas", en palabras de Juan Luis Cebrián, se reflejaba suficientemente en un diario que nació a la víspera de la democracia en España y se consideró como ?el diario de la transición?: El País. Recogemos los editoriales del periodo de unos cuatro meses que dura desde después de las primeras elecciones de junio de 1977 hasta la firma y la aprobación de los Pactos que fueron a finales de octubre del mismo año. La lectura de esos textos nos revela un proceso en que, en muy buena sintonía con los resultados de los sondeos citados anteriormente, el periódico obstinadamente presionó a Suárez y al gobierno para que tomaran las medidas económicas comprehensivas que al principio no primaban. A posteriori, se formó el segundo gobierno de Suárez, en que entraron los economistas prestigiosos: Enrique Fuentes Quintana y Francisco Fernández Ordóñez como vicepresidente económico y ministro de hacienda respectivamente, que lideraron la iniciativa que cristalizaría en los pactos económicos. Hemos de destacar, además de los editoriales de El País, el primer discurso del vicepresidente ante el pueblo español en que manifestó por vez primera en público que la manera de llevar a cabo las medidas económicas debía ser "entre todos", sin decir la palabra "consenso", a lo cual elogió encarecidamente el diario nacional. En los siguientes meses, El País no solamente propuso las dos formas de realizar las medidas: pactos social entre el gobierno, el sindical y el patronal, que se insistió en el editorial, y un gobierno de coalición, que señaló Juan Luis Cebrián con su propia firma, sino también permitió abiertamente a los periodistas de la compañía el uso frecuente de la palabra "consenso" que hasta entonces pocas veces había aparecido en los textos públicos, al producirse los artículos que informaron de la negociación sobre la sustancia de las medidas. Los resultantes Pactos y el segundo gobierno de Suárez no fueron un pacto social ni un gobierno de coalición, pero fueron objeto de una estimación enorme del diario, que reiteradamente hizo hincapié en una lógica: los pactos eran necesarios para posibilitar la consolidación de la democracia recién introducida en el país y todavía precaria.

Todo el proceso arriba expuesto puede verse como una presión de la sociedad civil a la clase política, mediante el "discurso de consenso" producido por intelectuales como Fuentes Quintana, Cebrián y los periodistas de El País.

 

 

El Problema de los Moriscos y las Facciones Cortesanas -el proceso político hacia la expulsión-

por Mizuho Mitsuma

 

La expulsión de la minoría morisca de España es un problema sin resolver en la historiografía, a pesar de lo mucho que se ha escrito sobre el tema. Existe una versión oficial que se adapta a casi todos los estudios realizados ya sea desde el punto de vista social, económico, político o religioso.

Esta visión o interpretación "oficial" sitúa el punto de arranque de la expulsión de los moriscos en los primeros años de la década de 1580 en la Junta de Lisboa. Rafael Benítez no está tan seguro de que la Junta de Lisboa fuera el inicio del surgimiento de la idea de expulsión de la minoría. Benítez no propone otra alternativa, sino que se limita a describir los hechos del problema de los moriscos en el reino de Valencia muy minuciosamente. Como él señaló, en los documentos del acta de la Junta de Lisboa, no se hizo mención de la política de expulsión de los moriscos claramente, sino que se trató de la medida de evangelización. El contenido del acta de la Junta consta en su mayor parte de las descripciones sobre las dificultades de la evangelización. No obstante, con sólo esto, no podemos sacar la conclusión de que la junta es el punto de arranque de la política de expulsión. Según Benítez, para aclarar este problema, hay que fijar la atención en la "mesa de decisión", es decir, el escenario de tomar la decisión sobre la cuestión morisca por el monarca y los allegados.

José Martínez Millán estuvo de acuerdo con Benítez, e hizo mención de la posibilidad de estudiar sobre la expulsión de los moriscos desde el punto de vista de su teoría "Corte", es decir, la relación entre las actividades de las facciones cortesanas y la expulsión de los moriscos. Me parece interesante relacionar el problema de la minoría y su expulsión con las actividades de las facciones cortesanas que trajeron la configuración de la Monarquía. Considero que aún se puede decir algo nuevo que ayude a entender este problema tan importante en la Historia de España. Sobre todo si utilizo una metodología distinta a la que se ha venido aplicando en los estudios hechos, como es la metodología de la "Corte", que es la utilizada por el grupo de investigación de Millán. 

Millán supuso que en la Corte quien insistió en la política de evangelización de los moriscos fue el "partido castellano" y los partidarios de la expulsión fueron los del "partido papista". Los personajes que pertenecían al denominado "partido castellano" no eran nobles ni tenían gran poder económico o social dentro de la Monarquía Hispana, pero eran letrados que aconsejaban a Felipe II y le ayudaron a configurar institucionalmente la Monarquía. Este partido estaba compuesto por las élites urbanas castellanas. Tenían una ideología muy definida: la espiritualidad era más exigente en el cumplimiento de las normas exteriores -lo que lógicamente orientaba hacia una espiritualidad ascética- que de las normas interiores. Esto coincide con la "espiritualidad intelectual" de la orden de Santo Domingo, frente a la espiritualidad más íntima y personal, con fuerte tendencia hacia la mística, que practicaban otros grupos. A través de su ideología religiosa, las élites castellanas justificaron la actuación política. Por sus conocimientos en leyes, organizaron políticamente la Monarquía, estableciendo el sistema Polisinodial. 

Es lógico que los coetáneos de estos personajes vieran su proyecto y su ascenso político con envidia y temor. De hecho, en esta época comienza a surgir una oposición tanto a nivel de la corte hispana (formándose un partido político diferente, que apoyaba los reinos periféricos y también al Papa, denominado el "partido papista") como a nivel de las Monarquías europeas, que veían que Felipe II utilizaba la religión para expansionarse políticamente, es decir, la defensa de la religión era un instrumento táctico de la política española para construir su poderío. El hecho de que la Monarquía impusiera una ortodoxia religiosa de acuerdo a sus intereses políticos empeoró la relación con el papado. Según la hipótesis hecha por Millán, los moriscos no fueron expulsados por el grupo de "castellanos", sino que fueron expulsados en 1609-1614, cuando reinaba Felipe III y el partido papista sustituyó al partido castellano, así que la expulsión de la minoría fue idea del partido papista. 

En este pequeño trabajo, intento verificar dicha hipótesis de Millán utilizando los documentos históricos en los que se trató de las deliberaciones en la Corte sobre la cuestión morisca. Especialmente pongo atención en los miembros de las juntas del problema de los moriscos y el Consejo de Estado desde el punto de vista de las facciones cortesanas. Aunque todavía los datos verificativos en opinión de Millán no son suficientes, en este trabajo, se pone de manifiesto la diferencia de las opiniones entre las juntas que presidió el partido castellano y el Consejo de Estado que ocupó los nobles, hasta los últimos años del reinado de Felipe II. Con lo cual, el Consejo de Estado no compartió la opinión de las juntas sobre la política de evangelización de los moriscos en la época. A mí me parece interesante encontrar a los personajes que ejercieron la influencia sobre ambas deliberaciones (en las juntas y en el Consejo de Estado) en el tiempo del relevo del reinado, a través de este trabajo. Después del relevo del reinado, por lo menos a partir del año 1602, ambos coincidieron en que la minoría debía ser expulsada. 

Para acreditar que los miembros del Consejo de Estado pertenecían al partido papista y ellos eran partidarios de la expulsión, hay que observar las opiniones y las actividades del partido papista y de Roma sobre el problema de los moriscos en España. De esta manera, dejamos para mi futuro trabajo las interpretaciones que pueden surgir sobre la expulsión de los moriscos cuando se tienen en cuenta las observaciones que realizo.